Testimonios para la Historia de la Democracia: agosto 2009

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Democracia Social:

Bases Ideológicas del Partido Un Nuevo Tiempo (U.N.T)

INTRODUCCIÓN

En este siglo la humanidad tiene en sus manos, tanto la posibilidad de construir una nueva civilización universal basada en la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad, como la de autodestruirse y poner en peligro la existencia de la vida misma en nuestro planeta. Para que triunfe la vida y no la muerte, es necesario que en el mundo entero, por esfuerzos nacionales coordinados y solidarios, asciendan fuerzas democráticas avanzadas, decididas a lograr la armonía entre la libertad de cada individuo y un sistema de justicia y solidaridad social para todos. Las “Metas del Milenio” que han trazado las Naciones Unidas constituyen un marco inicial para esta lucha internacional por el respeto de los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de razas y géneros y la defensa del medio ambiente.
La lucha va dirigida tanto contra el capitalismo salvaje como contra el estatismo totalitario, y su objetivo final es el establecimiento de una Democracia Social capaz de perpetua evolución hacia más altos niveles de dignidad humana.
En Venezuela, Un Nuevo Tiempo encarna la lucha por los objetivos universales señalados. A través de su ideología, su programa y su acción política cotidiana, busca interpretar los anhelos de libertad e igualdad de las grandes mayorías populares. Abre sus filas a todos los venezolanos y venezolanas democráticos y de buena voluntad, sin exclusiones, a la vez que considera que las necesidades de los sectores populares menos favorecidos deben recibir atención prioritaria. Para cimentar la libertad y los derechos humanos, la futura democracia venezolana deberá fundamentarse en la justicia social.
Con base en estas convicciones, Un Nuevo Tiempo presenta al país su propuesta de Democracia Social para Venezuela.

Antecedentes.
Un Nuevo Tiempo, como movimiento político, nació en el Estado Zulia bajo la conducción de su fundador Manuel Rosales. La lucha contra el autoritarismo y contra la pobreza, y a favor de la descentralización, el respeto por los derechos humanos, el acatamiento de la voluntad popular expresada democráticamente, la eficiencia de los servicios públicos, y un desarrollo compatible con el equilibrio ambiental constituyeron sus principales banderas de lucha.
La elección de su líder como Alcalde de la ciudad de Maracaibo –cargo al cual fue reelecto- , y su posterior elección como Gobernador del Estado Zulia (también reelecto) dieron por resultado gestiones exitosas y beneficiosas para los habitantes de Maracaibo y de todo el Zulia. Los triunfos de sus candidatos y candidatas en la mayoría de los municipios y parroquias zulianas convirtieron a Un Nuevo Tiempo en la primera fuerza política regional para el año 2005.
En 2006, Manuel Rosales se convirtió en candidato presidencial de la unidad opositora en Venezuela. Rodeado y apoyado por los hombres y mujeres de Un Nuevo Tiempo y de las demás fuerzas democráticas del país, conquistó el respaldo electoral de millones de venezolanos, no obstante limitaciones de tiempo para dar a conocer sus propuestas, y el tener que competir contra el ventajismo electoral más descarado. Las ideas y valores que Manuel Rosales sometió a la consideración del país en aquella oportunidad siguen constituyendo un importante insumo del pensamiento político y social de Un Nuevo Tiempo.

Necesidad de una Alternativa
En la Venezuela actual se observa un proceso de liquidación del sistema democrático, y su sustitución por una autocracia en evolución hacia el totalitarismo con insumos fascistas y estalinistas. El incesante proceso de concentración del poder en manos del jefe de Estado, con liquidación casi total de la separación de poderes y la descentralización política y administrativa, elimina toda posibilidad de control o fiscalización de la gestión pública y consolida la autocracia. Al mismo tiempo, el país ha sido sometido a un grado de militarización que lo retrotrae a un pasado sombrío, y por la primera vez en su historia se le somete a una ideologización de corte totalitario, impuesta con todos los recursos del poder estatal.
Pese a esta concentración del poder y esta militarización, la eficacia o eficiencia del Estado han decaído a niveles muy inferiores a los más bajos que se recuerden de épocas pasadas. Al deterioro de las infraestructuras físicas y de los servicios públicos, se les agrega la extrema inseguridad personal que atemoriza a los venezolanos de todos los estratos sociales, y particularmente a los más pobres y desasistidos. Como nunca la corrupción avanza incontenible ante la mirada de millones de pobres que observan cómo los recursos que pudieran resolver sus problemas desaparecen en las manos de quienes practican una doble moral, revolucionaria en el discurso y corrupta en la realidad.
Aunque el presidente de la República, con su talento demagógico y con los enormes recursos fiscales que le proporcionaba la bonanza petrolera, logró convencer a importantes sectores populares de que él es su amigo y defensor, y aunque sus programas sociales (“misiones”) han logrado aliviar la pobreza en algunos casos y lugares, la situación social general de los venezolanos es alarmante. Mientras vivimos en un país con grandes recursos financieros, y el presidente promueve su popularidad internacional regalando buena parte de nuestros ingresos en el, más del 75 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. El movimiento sindical ha sido golpeado y dividido. Ha disminuido el empleo estable y gran parte de la población activa trabaja en el sector informal de la economía. Los jóvenes, especialmente en el sector educacional público, reciben una formación de deficiente calidad además de ideologizada, y muchos niños siguen sin posibilidad de acceder a la educación.
La prédica “socialista” del presidente Chávez no apunta hacia ningún socialismo democrático (predominio de la equidad social sobre el afán de lucro, en un marco político de libertades), sino hacia una estatización general de corte comunista, inspirada en el modelo cubano. Al mismo tiempo es una prédica de odio clasista e incluso racial que, para dar poder al autócrata, procura dividir a los venezolanos y destruir su cultura de convivencia tolerante
Esta grave situación nacional exige la unidad de todos los venezolanos democráticos en un solo gran movimiento para restablecer la libertad y el respeto de los derechos humanos. En ese movimiento convergirán no sólo los opositores ya definidos como tales, sino también amplios sectores disidentes del pueblo hasta ahora “chavista”, que ya están dando la espalda al autócrata que los amenaza con la implantación de un estatismo totalitario, y que además ha demostrado su incapacidad de resolver los problemas del país. Confiamos en que, cada vez más, estos compatriotas disidentes del oficialismo formarán un solo frente con nosotros y les tendemos la mano con fraterno compañerismo y afecto.
Al mismo tiempo es necesario que definamos con claridad la Alternativa ideológica y programática que nosotros, como parte de la oposición democrática amplia y diversa, le proponemos al país. Estamos convencidos de que la alternativa que el pueblo espera debe incorporar por igual la libertad política, un desarrollo económico soberano y sustentable, y un hondo contenido de justicia social y de solidaridad. Creemos que nuestra propuesta de Democracia Social para Venezuela constituye la réplica adecuada tanto al estatismo totalitario como a cualquier retroceso hacia injusticias pasadas. Nuestra fórmula es la de una lucha permanente por la creación en Venezuela de un sistema de libertades fundamentadas en la equidad económica y social. Avanzar hacia la realización de la Democracia Social para Venezuela es la razón de ser y la tarea histórica del partido Un Nuevo Tiempo.

En las páginas que siguen, se explicarán las bases ideológicas de Un Nuevo Tiempo, con las proyecciones programáticas generales que de ellas se derivan. Las ideas se desarrollarán según el esquema siguiente:
1) Evolución histórica de la Democracia Social
2) Principios y valores de la Democracia Social
3) Libertad política para Venezuela
4) Desarrollo sustentable para todos
5) Justicia social y participación
6) Por un mundo democrático.

I.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA SOCIAL

1- En el Mundo
Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la existencia de sistemas de opresión social y política ha engendrado movimientos e ideas rebeldes, encaminadas a la conquista o realización de dos grandes valores fundamentales: la libertad y la justicia. Pero no siempre van mano en mano las luchas por estas dos aspiraciones básicas del ser humano: algunos impulsos reformistas o revolucionarios enfatizan el ideal de la libertad del individuo por encima de la aspiración a la justicia social, en tanto que otros colocan esta última en el primer plano, por considerar que, sin un marco de equidad colectiva, la libertad queda restringida al disfrute de una minoría privilegiada y no se convierte en bien común.
Los pensadores y luchadores que consideran la conquista de la equidad económica y social como condición imprescindible para la liberación humana han recibido, desde la Revolución Francesa en adelante, el apelativo de “socialistas” o de “demócratas sociales”. En su aceptación más amplia, el “socialismo” puede ser moderado o radical, paternalista o rebelde, autoritario o democrático. En la Antigüedad, el colectivismo de Platón fue elitista o aristocrático, en tanto que la corriente profética y mesiánica judeocristiana –Amós, Isaías, Jesucristo, Santiago y los padres de la Iglesia- tuvo carácter democrático social, con su censura a los ricos y su apoyo a los pobres, sirviendo de estímulo a movimientos rebeldes de esclavos y de siervos.
La Edad Moderna se inició con utopías colectivistas como las de Moro y Campanella, seguidas de impulsos socialistas incipientes en las alas radicales de las revoluciones burguesas de Holanda, Inglaterra y Francia. El liberalismo democrático surgido de estos procesos originó importantes tendencias hacia un futuro movimiento de democracia social.
Finalmente, la Revolución Industrial, que durante el siglo XIX se expandió de Inglaterra al resto de Europa y a otros continentes, creó las condiciones para el nacimiento de un movimiento socialista internacional basado en la clase obrera disciplinada por el trabajo fabril y organizada en sindicatos y partidos. La Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, fundada en 1864, pronto se dividió y se desgarró entre los partidarios del socialismo político y democrático por un lado, y los del anarquismo, volcado hacia la “acción directa”, por el otro. En cambio la Segunda Internacional, nacida en 1889, estuvo bajo la influencia predominante de la doctrina de Karl Marx, interpretada de maneras diversas. La mayoría de sus seguidores fueron socialistas democráticos o socialdemócratas que no conciben la democracia social sin amplia libertad. Para ellos, se justifica la violencia armada sólo contra regímenes despóticos que no permiten otra salida, pero una vez logrado un sistema de libertades políticas se debe recurrir a métodos de lucha legales y no violentos –parlamentarios y sindicales- para transformar las estructuras mediante la acumulación cada vez más decisiva e irreversible de reformas parciales. Al mismo tiempo debe practicarse en todo momento la más abierta y transparente democracia interna en el movimiento obrero y popular, tanto en su rama sindical como en la política partidista. En cambio, otros socialistas de vocación violenta y voluntarista –discípulos, no de Marx sino del revolucionario francés Augusto Blanqui- despreciaron la democracia y pregonaron la toma del poder por medios conspirativos y violentos incluso en sociedades abiertas y libres. A tal fin abogaron por la creación de una “vanguardia” integrada por “revolucionarios profesionales a tiempo completo” que dirijan la revolución desde arriba y, después de su triunfo, ejerzan una dictadura que no sería la del proletariado como clase, sino la de una minoría selecta sobre la clase trabajadora y la sociedad entera.
La Primera Guerra Mundial (1914-18) dividió tajantemente estas dos corrientes. En Rusia, Lenín y el Partido Comunista (bolchevique) empujaron la revolución democrática de 1917 hacia una “dictadura del proletariado” ejercida por una vanguardia política minoritaria según la fórmula, no de Marx (a quien invocaron teóricamente) sino de Blanqui... Desoyendo la advertencia de la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo, de que una revolución sin democracia está condenada a degenerar y perecer, y que “la libertad es siempre la libertad del que piensa de modo diferente”, Lenín ilegalizó toda oposición y posteriormente exigió que los demás partidos comunistas del mundo, coaligados en la Internacional Comunista o Tercera Internacional, adoptasen el mismo sistema vertical y represivo. A consecuencia de ello, el régimen comunista en la URSS y otros países socialistas autoritarios fue una dictadura, no de la clase obrera sino sobre ésta y el pueblo todo, ejercida inicialmente por el partido oficial en su conjunto, luego sólo por el buró político del mismo, y finalmente por un solo caudillo omnipotente. Pese al heroísmo y la abnegación de muchos comunistas sinceros y convencidos de su causa, y no obstante los logros soviéticos iniciales en materia de modernización, culturización y equidad distributiva, Stalin y sus sucesores implantaron un régimen de intolerable supresión de la libertad personal y violaciones criminales y masivas de los derechos humanos. Bajo su amparo se formó y se instaló en el poder una nueva clase o casta burocrática que, como propietaria colectiva de los medios de producción estatizados, explotó el trabajo humano con máxima brutalidad. Eventualmente el inmovilismo de esa nueva clase dominante la hizo incapaz de adaptarse a una realidad mundial cambiante, y ello condujo al anquilosamiento y la desmoralización de la sociedad post-estaliniana y a su colapso en 1989-91.
En cambio, en los países de mayor desarrollo socioeconómico e institucional, la mayoría trabajadora y popular dio decisivo respaldo a la fórmula socialista democrática. Los primeros intentos de construir democracias sociales, que combinasen la libertad con la justicia, fracasaron ante los embates de la crisis económica mundial de 1930 y de la agresión nazi-fascista. Durante esa época, los socialdemócratas del mundo generalmente lucharon con valentía contra el fascismo en sus diversas formas. Después de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas socialistas democráticas ejercieron el poder en países como Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Israel, Austria y otros, y realizaron transformaciones estructurales profundas, en el sentido de la regulación del mercado por el poder público democrático, la redistribución equitativa del ingreso, la igualdad social y una mayor participación ciudadana en la gestión de la sociedad. En su política exterior apoyaron el proceso de descolonización, el multilateralismo y la búsqueda de la paz y el desarme mundiales. En 1951 los partidos socialistas democráticos se unieron en una renovada Internacional Socialista que, en su declaración de principios, condenó por igual al capitalismo y al comunismo estalinista como dos sistemas de opresión, económica la primera y política la segunda. Frente a ambos modelos, el socialismo democrático o socialdemocracia asumió un rol de “tercera fuerza” sintetizadora de la libertad política con la justicia social. Al mismo tiempo, la socialdemocracia niega la existencia de un modelo de “socialismo” dogmáticamente predeterminado y definitivo. Para ella, el socialismo no es un sistema o régimen sino un camino sin fin hacia niveles cada vez más elevados y universales de dignidad humana y calidad de la vida. El proceso de avance hacia una nueva sociedad más libre y justa requiere –según la Declaración de Francfort de la Internacional Socialista- “la contribución personal de todos sus partidarios. Contrariamente a los regímenes totalitarios, el socialismo democrático no impone al pueblo un papel pasivo. Por el contrario, no puede realizarse sin la participación activa del pueblo. Es la Democracia en su forma más elevada.”
A fines de la década de los años sesenta del siglo XX, nuevas evidencias del carácter opresivo y antipopular de la URSS y sus Estados vasallos –sobre todo su intervención armada contra el “socialismo con rostro humano” de Checoslovaquia en 1968- causaron una importante disidencia o rebelión de comunistas sinceros y humanistas en el mundo entero. Revisando su doctrina y su programa, los disidentes rechazaron el colectivismo autoritario y abrazaron el socialismo democrático: sólo en el marco de la libertad se puede avanzar hacia una equidad auténtica. Estos nuevos movimientos fortalecieron a la Internacional Socialista que los acogió con brazos abiertos.
Al margen de la socialdemocracia proveniente del socialismo decimonónico, forman parte de la Democracia Social corrientes provenientes del liberalismo político y del cristianismo progresista. Como ya se señaló anteriormente, en las revoluciones democráticas liberales de los siglos XVII- XIX se originaron alas radicales que entendieron que la máxima libertad y autorrealización de cada persona (ideal fundamental del liberalismo) requiere una base mínima de seguridad y bienestar para todos. La mera libertad de enriquecimiento individual no es suficiente, e incluso puede dar origen a nuevas formas de servidumbre y desigualdad incompatibles con el ideal liberal. Grandes pensadores liberales como John Stuart Mill y John Dewey, y los sectores “radicales” en el seno de partidos liberales, llegaron a conclusiones coincidentes con las de la socialdemocracia “clásica”: para garantizar la libertad personal de todos y no sólo de unos cuantos, el Estado democrático debe intervenir en el proceso económico y alentar una mayor equidad distributiva. Del mismo modo, a partir del siglo XIX y con mayor fuerza en el siglo XX, importantes grupos con motivación religiosa –cristianos y de otras confesiones- se volcaron hacia la lucha por la justicia social y coinciden con los socialistas democráticos y los liberales de avanzada. En el siglo XX, las Iglesias católicas latinoamericanas, con su “opción por los pobres” y la corriente radical de la “teología de la liberación” dieron un gran estímulo a la lucha por la democracia social.
En los Estados Unidos, la lucha por la democracia social no se canalizó por la vía de la creación de importantes partidos socialistas democráticos, como en otros países, sino que se expresa principalmente a través del Partido Demócrata que une en su seno a corrientes de izquierda y de centro. Su objetivo no es ningún tipo de “socialismo” democrático, sino la humanización y democratización de la economía de mercado por mecanismos de dirigismo “keynesiano”. Sin embargo, hoy mantiene relaciones de amistad y diálogo con la Internacional Socialista.
Una oleada conservadora mundial, iniciada en 1979-80 por los triunfos electorales de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, fue seguida por el colapso del sistema comunista en 1989-91 y por la adopción del llamado “consenso de Washington”: globalización económica neoliberal en el marco político de la democracia representativa. Esa evolución, que significó la liquidación de muchas conquistas sociales populares, afectó duramente a las fuerzas de la democracia social en el mundo entero y las obligó a revisar ideas y políticas. Al observar el desastre del modelo comunista, la socialdemocracia mundial se volvió más crítica y prudente con respecto al estatismo económico y más inclinado a reconocer la validez duradera de la economía de mercado. Sin embargo, los demócratas sociales se mantienen firmes en su crítica al neoliberalismo económico, y en su insistencia en que la economía de mercado debe ser orientada hacia fines de equidad social, a través de regulaciones por parte del poder público democrático y de la sociedad civil organizada. Desde el año 2001 en adelante han aparecido nuevos síntomas de fragilidad y desequilibrio en el orden económico y político mundial, y las fuerzas de la democracia social se aprestan a librar nuevas batallas por la libertad y la justicia.

2.- En América Latina
En nuestra región, existe la socialdemocracia o socialismo democrático con tres orígenes principales distintos. En países de fuerte inmigración europea, como Chile, Argentina y Uruguay, desde fines del siglo XIX fue importado el modelo socialdemócrata del viejo mundo, plasmado en partidos socialistas y radicales y en federaciones y confederaciones sindicales. En cambio, en los países latinoamericanos tropicales y semitropicales, menos europeizados, la corriente socialdemócrata surgió de movimientos políticos llamados “populares y nacional-revolucionarios”, basados en “alianzas orgánicas de clases oprimidas” (capas medias, campesinos y obreros), con programas de lucha “democrática, antiimperialista y antifeudal”. Estas corrientes se inspiraron parcialmente en el ejemplo de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y encontraron su primera formulación teórica en el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del aprismo peruano en 1924. Posteriormente el movimiento se extendió a Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Bolivia y otros países. A partir de 1960, la Internacional Socialista “descubrió” a estos partidos populares latinoamericanos y los persuadió a que se uniesen a ella. En tercer término, también en Latinoamérica –con Venezuela a la cabeza- apareció la nueva corriente socialista democrática desprendida del tronco comunista, y a su vez se acercó a la IS.
A partir de la crisis económica de 1930, en América Latina se produjo una transición tendencial del “liberalismo oligárquico” tradicional a diversas formas de “populismo” o dirigismo estatal y de nacionalismo económico. Estas nuevas tendencias dirigistas en algunos casos fueron democráticas sociales, afines a las descritas en el párrafo anterior, y en otros casos asumieron un carácter autoritario y caudillista. El fascismo, el comunismo y en menor grado la socialdemocracia de Europa influyeron en la vida política latinoamericana. La Segunda Guerra Mundial estimuló grandemente las tendencias democráticas y de izquierda en la región. Sin embargo, a partir de 1948, la Guerra Fría produjo un refortalecimiento de los autoritarismos de derecha, ahora abrigados bajo el concepto de la “defensa del Occidente” en alianza con los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos. La rivalidad que había existido entre movimientos latinoamericanos socialdemócratas y comunistas desde los años treinta se profundizó y se hizo a veces violenta, sobre todo a partir del triunfo y viraje prosoviético de la Revolución Cubana entre 1959 y 1961. Sólo después de 1968, cuando avanzó la distensión Este-Oeste, acompañada de una incipiente polarización Norte-Sur, en ciertos casos socialdemócratas y comunistas actuaron como aliados tácticos.
Aparte de sus permanentes combates –muchas veces heroicos- contra las dictaduras oligárquicas de derecha y sus enfrentamientos a partidos comunistas, la socialdemocracia latinoamericana se ha visto amenazada por los populismos autoritarios y militaristas que surgieron en países como Brasil, Argentina y Perú desde 1930 en adelante. Apareciendo donde aún no existen eficaces movimientos populares democráticos, o donde éstos han perdido su efectividad, los populistas militares propagan una demagógica mezcla de consignas socialistas y fascistas y por momentos logran arrastrar a grandes masas aglutinadas en torno a caudillos carismáticos tales como Perón, Velasco Alvarado y otros. Estos autócratas ejercieron una suerte de mediación personal entre sectores populares, nuevas burguesías y oligarquías tradicionales y, a pesar de sus pretensiones de nacionalismo y de justicia social, no efectuaron transformaciones estructurales sólidas.
Además del importante movimiento socialdemócrata latinoamericanos con sus tres fuentes arriba señaladas, se produjeron adhesiones a la causa de la democracia social desde el campo liberal y el socialcristiano. Del seno de partidos liberales tradicionales, tales como el de Colombia y el Partido Colorado de Uruguay, nacieron tendencias progresistas como las de otras partes del mundo, que reconocieron que la libertad del ciudadano individual queda reducida a un privilegio minoritario, si no se crea una base de equidad y seguridad social. Asimismo, a la izquierda de la doctrina social tradicional de la Iglesia (que pregona la justicia sobre la base de un equilibrio entre los intereses de clase, pero rechaza el concepto de la lucha social “desde abajo”), muchos cristianos acogieron la noción de que, si bien el odio de clases es repudiable, la lucha objetiva de los pobres por el reconocimiento de sus derechos es legítima y debe ser apoyada. La Iglesia Católica, particularmente en América Latina, a partir del Concilio Vaticano II dio pasos gigantescos hacia la identificación con los pobres y la denuncia de las injusticias sociales. De este modo, corrientes progresistas de origen liberal y religioso hoy confluyen con las de origen socialista o socialdemócrata en la opción contemporánea por la Democracia Social.

3. En Venezuela

Venezuela inició su transformación de agraria y terrateniente a petrolera y capitalista-rentista durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, y a partir de 1936 entró en la vía hacia la democracia. Su estructura social se dinamizó con el surgimiento de una clase trabajadora y una clase media moderna e instruida.
En la lucha contra el gomecismo se generaron los núcleos fundacionales de los futuros partidos políticos y movimientos sociales. Desde 1936 se perfiló en el seno de la izquierda venezolana, la rivalidad histórica entre un movimiento nacional-revolucionario de tendencia socialdemócrata y otro comunista. La experiencia del “trienio adeco” de 1945 a 1948, por encima de controversias valorativas todavía candentes, significó un avance objetivo en términos de incorporación del pueblo a la actividad política y creación de conciencia democrática. La resistencia a la dictadura militar de los años 1948-58 constituyó otra experiencia de enorme valor positivo en la formación política y moral de los demócratas venezolanos y todas las fuerzas populares.
Posteriormente, los cuarenta años de régimen democrático representativo, pluralista y de “conciliación de élites” (1958-98) constituyó el marco político para un proceso de modernización en todas las esferas de la vida política, económica, social y cultural. Se desarrolló un sistema económico mixto, entre empresas básicas estatales y un diversificado y próspero sector privado. Se elevó el nivel de vida general y se formó una amplia clase media. Los sucesivos gobiernos democráticos representativos se basaron, por lo menos hasta 1993, en un pacto de gobernabilidad entre socialdemócratas y socialcristianos, como principales fuerzas políticas nacionales. Pese a ser objetivos de conspiraciones y ataques armados, no sólo por factores de extrema derecha sino también de extrema izquierda, los gobernantes venezolanos supieron mantener una conducta democrática y social-reformista que les ganó el respeto del mundo.
Sin embargo, no obstante los importantes progresos realizados en sentido social democrático sobre todo en los años 1959-1979, no se llegó a implantar una sistemática y continua promoción de una sociedad más igualitaria y participativa. La política social tuvo un carácter “asistencialista” más bien que participativo y, salvo durante los años 1959-63, las asimetrías en la distribución del ingreso tendieron a crecer más bien que a disminuir. A partir de 1980, la crisis de pagos que afectó a toda la América Latina se agregó a nuestra insuficiente diversificación productiva y al carácter “rentista” de nuestra economía, para agravar aún más el contraste entre pobres y ricos. Al mismo tiempo se manifestó un marcado deterioro de los liderazgos democráticos, un aumento de la corrupción y una injustificable indiferencia de las élites ante el crecimiento de la pobreza, y ello dio origen a un vacío de poder que pudo ser colmado a partir de 1999 por un populismo militar autocrático que prometía dar respuesta al descontento de la ciudadanía.
Por ello, no obstante el surgimiento de fuerzas progresistas en Venezuela desde la muerte de Gómez en adelante, y el ejercicio ocasional del gobierno por tales fuerzas, en la actualidad es necesario renovar y revigorizar a fondo el movimiento dirigido hacia la Democracia Social

II.- PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DEMOCRACIA SOCIAL

1.- Pluralismo filosófico
La Democracia Social moderna se diferencia de movimientos políticos tradicionales por no establecer una referencia filosófica única, tal como el marxismo, el liberalismo o una tradición religiosa, sino de buscar la confluencia de corrientes distintas hacia una preocupación común, teórica y práctica, por la creación de una sociedad regida por los valores de la libertad, la equidad y la solidaridad.
Históricamente, la más antigua de las fuentes filosóficas de la lucha por la libertad y la justicia social es la de inspiración religiosa: la afirmación de la dignidad e igualdad de todas las almas humanas ante Dios y el anhelo de que esa dignidad e igualdad también se implanten en el mundo terrenal. Fue por ello que el Imperio Romano, basado en la esclavitud, persiguió a los cristianos, y es por ello que hasta el día de hoy los creyentes progresistas se ubican en la lucha por una sociedad no sólo libre sino también equitativa.
En el orden del tiempo histórico, la segunda gran fuente de la Democracia Social es la del liberalismo democrático. Las ideas emancipadoras de las revoluciones de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia y de Hispanoamérica durante los siglos XVI al XIX tienen vigencia perenne: los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la soberanía popular, el gobierno representativo, la tríada de valores “libertad-igualdad-fraternidad”, el pluralismo de opiniones, la tolerancia y la racionalidad.
En tercer término, la Democracia Social abarca a los socialistas democráticos o socialdemócratas que provienen ideológicamente de las luchas obreras y populares de los siglos XIX y XX y que –aunque rechacen el “marxismo” dogmático de los comunistas- aceptan ciertos aspectos del pensamiento de Marx y lo aplican y desarrollan en forma crítica y revisionista. Algunos conceptos (auténticos y no tergiversados) de ese gran pensador social alemán, tales como la importancia del factor económico en la historia humana, los conflictos sociales como motor de cambios históricos, la sucesión de etapas estructurales en la evolución de las sociedades, la importancia primordial del trabajo en el proceso de producción, la historia vista como progreso del ser humano hacia la libertad, el libre albedrío de los hombres para escoger entre el progreso social o la destrucción de la civilización, y la importancia crucial de la democracia y el pluralismo dentro del movimiento obrero y popular, son aportes valiosos al ideario de un movimiento de lucha por la Democracia Social.

2.- Libertad política
La libertad política es la gran precondición para la vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos. Los movimientos democráticos sociales de la actualidad son continuadores de la tradición liberal de las revoluciones clásicas. Exigen para todos los pueblos del mundo –independientemente de su cultura tradicional- la abolición de formas de gobierno autoritarias o tiránicas y la apertura hacia la democracia representativa y pluralista. Todos los pueblos deben acceder a la plena vigencia del Estado de Derecho: soberanía popular, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades ciudadanas, pluralismo político e ideológico, elecciones libres, separación de poderes, subordinación del estamento militar a la legítima autoridad civil, y descentralización de la autoridad.
Para la Democracia Social, sólo se puede hablar propiamente de democracia cuando es posible elegir libremente entre varias opciones políticas en el marco de elecciones libres, cuando existe la posibilidad de un cambio pacífico de gobierno basado en la libre voluntad del pueblo, cuando se garantizan los derechos de los individuos y de las minorías, y cuando se cuenta con un sistema judicial independiente basado en la aplicación imparcial del derecho a todos los ciudadanos.

3. Equidad económica
La Democracia Social exige que la producción y distribución de bienes y servicios esté al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de intereses crematísticos. Ello implica la creación de una economía mixta que combine los mecanismos del mercado con una planificación y regulación democrática coordinada por el Estado, que oriente los esfuerzos y las expectativas del capital, del trabajo y de los consumidores hacia el logro de metas de desarrollo diversificado y sustentable de las fuerzas productivas internas, y de distribución equitativa del ingreso nacional.

4.- Solidaridad social
En su afán de elevar la dignidad humana y la calidad de vida de la población, una Democracia Social pondrá en marcha programas universales de educación, capacitación, cultura, salubridad pública y seguridad social, y ajustará su política tributaria al logro de estos propósitos. Teniendo en cuenta que el mejoramiento de la condición humana no sólo requiere bienestar material sino también la autosuperación de cada persona en un ambiente de armonía social, se alentará –sin compulsión ni dogmatismo- la creciente participación de todos y cada uno en decisiones e iniciativas de beneficio comunitario, regional y nacional.
La solidaridad pregonada por la Democracia Social debe hacerse extensiva al plano internacional. Los demócratas sociales comprenden que la humanidad entera es interdependiente y que ningún pueblo puede alcanzar o conservar su soberanía, su libertad democrática y su vía de progreso social sin la solidaridad de otros pueblos. La paz y el desarme mundial y el avance hacia un orden internacional multilateral y democrático son esenciales para el bienestar humano. También lo es la solidaridad entre países en vías de desarrollo para el logro de un orden económico internacional más equitativo. Por último la integración económica y política democrática de las diversas regiones geográficas es un requisito esencial para el progreso común.

III.- LIBERTAD POLÍTICA PARA VENEZUELA

1. El Estado de Derecho
Los demócratas sociales rechazan la noción, esgrimida por los comunistas y los populistas autoritarios, de que el moderno Estado de Derecho, nacido de la Ilustración y las revoluciones liberales del pasado, represente un fenómeno histórico pasajero y un mero reflejo de los intereses de una clase dominante. Descartan que el Estado de Derecho, basado en un constitucionalismo democrático, deba ser reemplazado por alguna especie de “nuevo” Estado “revolucionario”. La Democracia Social considera que el Estado de Derecho (dominio de la ley, igualdad jurídica de los ciudadanos, garantía de los derechos humanos y cívicos, etc.) forma parte de la civilización universal y no está sujeto, en su esencia, a los cambios de hegemonía de clases o bloques sociales. Sin duda, en la medida en que crezcan la justicia y la igualdad social, el Estado de Derecho se enriquecerá con nuevas facetas de participación ciudadana, pero no se cuestionará su validez fundamental.

2.- Soberanía popular sin interferencias autoritarias
La soberanía, que reside en el pueblo, debe ser ejercida a través de las instituciones pertinentes, sin perturbaciones autocráticas o tumultuarias. Debe prohibirse e impedirse la injerencia de funcionarios públicos en los procesos electorales y la utilización de recursos del Estado para fines políticos partidistas La Administración pública y el poder judicial deben ser políticamente neutrales, al servicio de la Nación, y es imprescindible la profesionalidad e independencia política de los jueces y administradores públicos. En un Estado de Derecho, el gobierno debe asumir una actitud de imparcialidad en las coyunturas electorales y debe estar garantizada la composición pluralista y equilibrada de la autoridad electoral.
La ética en el ejercicio del poder público es un valor esencial de la Democracia Social, y por ello la transparencia en la administración de los recursos de todos con apego estricto a la ley y con sentido de responsabilidad social es una obligación inmodificable de quien en nombre de la Democracia Social ejerza funciones públicas.

3. Separación de poderes y descentralización
Es imprescindible la separación de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral a todos sus niveles, así como una efectiva descentralización geográfica y funcional del poder público en su conjunto. Para fortalecer ambos principios, en una futura revisión constitucional se podría examinar la posible conveniencia de un retorno al bicameralismo a nivel parlamentario nacional, con una segunda cámara que representara las regiones del país. El parlamento nacional deberá, en todo caso, reflejar el pluralismo de las opiniones políticas, encarnar la soberanía popular en última instancia, y constituir un efectivo contrapeso al poder ejecutivo. El poder judicial debe ser independiente y apolítico, integrado por magistrados y jueces seleccionados por un consejo imparcial, únicamente con base en su capacidad y méritos, y provistos de estabilidad en sus cargos. La justicia debe ser asequible para todos los ciudadanos, y en consecuencia debe ser retomada la labor de revisión y reforma de los procedimientos judiciales, a fin de reducir su complejidad y acelerar la conclusión de los juicios.

4. Institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional
El Estado de Derecho exige, asimismo, la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, la ratificación de su carácter estrictamente no-partidista, y su subordinación a la legítima autoridad civil electa por el pueblo en conformidad con la Constitución. En una futura Venezuela democrática, la FAN será respetada por las autoridades nacionales en su integridad institucional, y sus sedes e instalaciones no serán puestas al servicio de parcialidades políticas ni del culto a la personalidad de un gobernante. Se respetarán estrictamente los criterios de antigüedad y de mérito en la determinación de los ascensos, y se someterá a la instancia parlamentaria la aprobación definitiva de los ascensos en los rangos superiores. Nuestras Fuerzas Armadas deben actuar como institución profesional al servicio de la nación y nunca al servicio de una parcialidad política o de caudillo alguno.

5.- Representación y participación
Los regímenes autoritarios –estalinistas o populistas militaristas-, al tratar de justificar sus violaciones del Estado de Derecho y su recurso a la arbitrariedad y la demagogia, suelen invocar la idea de una supuesta oposición intrínseca entre la “democracia representativa” y la “democracia participativa”. La primera –dicen- , es “burguesa” o “formal”, ya que sólo llama a los ciudadanos a periódicos procesos electorales y no a tomar parte en una permanente gestión y supervisión de la cosa pública. Además la acusan de basarse en una “igualdad” ciudadana ficticia, ya que no existe igualdad de condiciones reales entre un poderoso empresario multimillonario y un paupérrimo obrero desempleado. Por esas deficiencias y falsedades – prosiguen-, la actual democracia representativa debería ser sustituida por una forma nueva, “participativa”, que asegure la actuación decisoria y fiscalizadora permanente de las mayorías populares en la gestión política, económica y social del país.
Sin duda hay elementos de verdad en esas afirmaciones, pero es una grave equivocación presentar el problema en términos de disyuntiva entre dos fórmulas contrapuestas e irreconciliables. Es cierto que una democracia meramente representativa y formal, en la cual el papel del pueblo se limite a acudir a las urnas ocasionalmente, y el ejercicio de la soberanía quede enteramente delegado en manos de representantes, sería una democracia incompleta, deformada y manipulada. Es necesario que, además de elegir a sus representantes, el pueblo soberano participe en el debate público, asuma responsabilidades directas y ejerza una supervisión sobre la ejecución y administración de la voluntad general. Además es deseable que su participación no se limite a las decisiones públicas, sino que también se extienda al ámbito de la sociedad civil. Asimismo, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en forma cada vez más efectiva en el disfrute del bien común, a través de un orden de creciente equidad en el acceso a la riqueza material y espiritual de la colectividad. Estos dos aspectos de la democracia, el representativo y el participativo, no son antagónicos sino complementarios. La Democracia Social, en Venezuela como en el mundo entero, debe esforzarse siempre por fortalecer la democracia representativa y por inyectarle un contenido cada vez más participativo, auténtico y humano.

6.- Pluralismo y tolerancia
Hasta en las sociedades más armoniosas, que hayan logrado superar o atenuar los conflictos de intereses grupales o de clase, siempre existirán múltiples opiniones divergentes acerca de la naturaleza de los problemas y la manera de resolverlos. La verdadera solidaridad social requiere el perdurable reconocimiento de la diversidad de criterios y la más completa libertad para que el pluralismo florezca en un marco de paz, legalidad y tolerancia mutua. Ninguna sociedad que, de hecho o de derecho, imponga o acepte un régimen monopartidista puede avanzar en la vía de la auténtica Democracia Social.
Una Democracia Social en Venezuela debe garantizar la libertad de cultos y el pleno respeto a todas las comunidades religiosas, así como el cumplimiento de los compromisos contraídos con ellas por el Estado. Asimismo respetará todas las doctrinas y opiniones filosóficas, morales, sociales y políticas, con la sola excepción de las que prediquen el odio racial, étnico o confesional.

7. Derechos humanos y ciudadanos
Los derechos humanos tradicionales, definidos por la Ilustración y las revoluciones liberales, tienen carácter permanente y deben quedar incorporados para siempre en la Constitución venezolana. Pero una Democracia Social no puede tolerar que estos derechos en parte sólo aparezcan en el papel y sean violados en la práctica. Los abusos policiales, los maltratos y torturas a personas detenidas, así como las condiciones infernales que prevalecen en las cárceles venezolanas (entre las más inhumanas del mundo) deben ser objeto de medidas de altísima prioridad por parte de futuros gobiernos democráticos.
Las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación y de movimiento, la inviolabilidad de la vida, de la integridad física y del hogar, así como el derecho a la propiedad privada, serán reafirmados y garantizados. A estos derechos tradicionales, de carácter liberal, se les agregarán nuevos derechos de contenido social y económico, pero en ningún caso será admisible que los nuevos derechos sean invocados en menoscabo de los primeros.

8.- Lucha contra la corrupción
La ética en el ejercicio del poder público es un valor esencial de la Democracia Social, y por ello la transparencia en la administración de los recursos de todos con apego estricto a la ley y con sentido de responsabilidad social es una obligación inmodificable de quien en nombre de la Democracia Social ejerza funciones públicas.
Será imposible crear una Democracia Social efectiva en Venezuela si no se ataca y se vence el flagelo de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, que bajo el régimen actual ha adquirido dimensiones gigantescas, sin parangón con ningún período anterior de nuestra historia. Este grave problema es multifacético y no puede ser solucionado totalmente de un día para otro, pero es necesario hacerle frente con energía desde el primer momento.
Debe establecerse una Contraloría independiente que investigue y denuncie sin temores ni vacilaciones todos los casos de corrupción que descubra, y abra la vía al debido enjuiciamiento tanto de los funcionarios públicos como también de los particulares involucrados. La extorsión y el soborno ambos deben ser objetos de condena moral y penal ante los ojos del público. Junto con ello, debe lanzarse una bien organizada campaña de información y de educación moral y cívica universal, encaminada a movilizar a la población entera en apoyo a la campaña nacional contra la corrupción.
Pero no se lograrán resultados seguros y duraderos, si no se atacan las causas profundas de la corrupción. Entre éstas, ocupa un lugar importante la precariedad del empleo público en Venezuela, el temor de algunos funcionarios y empleados públicos, de ser víctimas de un despido arbitrario, junto con el nivel demasiado bajo de algunos sueldos, los hace vulnerables a la tentación del soborno y de la extorsión, con el fin de aumentar sus ingresos y acumular fondos de emergencia. Por otra parte, es importante el impulso moralizador que surja de las alturas del poder: un jefe de Estado de ejemplar virtud y firmeza de convicciones personales podría ejercer una poderosa influencia positiva sobre sus subordinados.

9. Seguridad pública y personal
Un gobierno democrático social debería asumir la seguridad pública como un tema central de su agenda política, pues afecta valores y objetivos fundamentales constitutivos del pensamiento progresista. En primer lugar, la violencia criminal a una escala tan amplia como la que se evidencia en Venezuela significa una violación permanente los dos derechos más elementales: el derecho a la vida y a la integridad física. En segundo lugar, la criminalidad afecta directamente las capacidades y posibilidades de la ciudadanía de organizarse y tener una participación política activa en la sociedad: en los barrios venezolanos, donde impera la doble amenaza del crimen y de la violencia policial no controlada, las posibilidades de participación ciudadana son muy limitadas. En tercer término, los sectores sociales más pobres y desasistidos de la población son los más afectados por el crimen y la violencia, lo que profundiza la desigualdad social reinante en el país. Por último, la inseguridad pública repercute negativamente sobre las libertades básicas de la ciudadanía: la libertad de movilización, la libertad de utilizar los espacios públicos y, lo que es fundamental, el derecho a vivir una vida libre del miedo y del temor.
Por ello, un futuro gobierno democrático social emprenderá la tarea inmediata de crear una fuerza de seguridad y orden público coordinada a todos los niveles, integrada por hombres y mujeres de buena calidad moral y con formación general y profesional adecuada, bien remunerado y provisto de garantías de estabilidad y de seguridad social. La actuación de esta fuerza obedecerá políticas de seguridad que combinen, de manera equilibrada, la prevención, disuasión y represión del crimen. Asimismo reformará el sistema de enjuiciamiento penal con miras a elevar significativamente la eficiencia y equidad en la administración de justicia. También procederá a sustituir el horrendo sistema carcelario existente, criadero de criminales, por otro que salvaguarde la dignidad humana y tienda a corregir y rescatar al reo. Para realizar estas reformas profundas, se establecerá un mecanismo de enlace, consulta y cooperación entre el aparato de seguridad y la sociedad civil.

IV.- DESARROLLO SUSTENTABLE PARA TODOS

1. Industrialización y diversificación económica
El desastroso panorama económico actual del país exige, por parte de un futuro gobierno democrático, una respuesta que se pueda resumir en la fórmula de “democracia + industrialización”. Se deberán adoptar medidas urgentes para crear un nuevo clima de confianza para inversiones privadas directas, tanto nacionales como extranjeras. A tal efecto debe abandonarse la demagogia estatista y definirse con la mayor rapidez posible un conjunto de garantías jurídicas, una delimitación precisa entre los dominios público y privado en el área económica y “reglas de juego” claras. Dentro de tal política, se flexibilizará el sistema de control de cambio, con miras a su eventual eliminación.
Los demócratas sociales propondremos al país un programa de industrialización y de diversificación del aparato productivo en el marco de una economía mixta -de mercado con regulaciones y orientaciones por parte del Estado democrático-, a fin de crear un patrón de desarrollo que combine el crecimiento productivo con la generación de empleo y la lucha contra la pobreza. En términos internacionales, esta futura política de desarrollo se insertará en el ineluctable proceso de la globalización económica pero, dentro de él, mantendrá un espacio de decisión y gestión nacional autónomas. Tal política requerirá la presencia de un empresariado vigoroso y consciente, y de inversiones privadas tanto nacionales como foráneas (acompañadas estas últimas de transferencias de tecnología). Requiere asimismo una planificación u orientación estatal firme en sus objetivos esenciales pero flexible en los detalles de su aplicación.
Es impostergable la necesidad de diversificar la economía venezolana y reducir su dependencia de la industria de los hidrocarburos. Ello exige reformar el modelo de crecimiento basado en la renta petrolera, que ha prevalecido desde principios del siglo XX. El inadecuado manejo de los excedentes rentísticos ha sido la causa de graves distorsiones en la estructura económica, social, política y cultural del país. Su impacto económico se refleja en el deterioro estructural de los términos de intercambio, sobrevaluación de la moneda nacional, desequilibrios fiscales e ineficiencia crónica del gasto público. Desde el punto de vista político-institucional, las inadecuadas políticas de distribución de la renta petrolera han generado severas distorsiones en las estructuras de poder, gestando y perpetuando prácticas clientelares, populistas y a veces autoritarias en los ejercicios de gobierno. Por último, esta manera disfuncional de manejar la renta ha contribuido al incremento en los niveles de exclusión social y al deterioro sostenido de las capacidades de producción de la sociedad venezolana, acostumbrada a vivir de excedentes que ella misma no generó.
En el marco de un gobierno democrático social, deberían crearse y ponerse en funcionamiento mecanismos institucionales que permitan racionalizar el uso de los excedentes rentísticos, orientando gran parte de los mismos a la inversión productiva, e impidiendo su utilización para financiar gasto corriente, lo cual pasa por instrumentar un sistema tributario equitativo con claros y transparentes propósitos redistributivos, y destinar parte de los excedentes a fondos de capitalización con fines de estabilización macroeconómica y previsión ante contingencias.
2. Mercado y planificación
De conformidad con el principio fundamental de la equidad económica, anteriormente expuesto, nos proponemos realizar en Venezuela una política de desarrollo y de diversificación industrial a través de una economía mixta. La cooperación entre empresas públicas y privadas se regirá por “reglas de juego” confiables y sólidas, y la propiedad privada será respetada cuidando de que cumpla con la función social que le corresponde. En el marco de una economía mixta, el crecimiento y la diversificación productivas deben dar prioridad a la creación de puestos de trabajo, e ir acompañadas de un simultáneo avance hacia una mayor equidad distributiva.
Es cierto que aún no hemos echado las bases productivas que puedan sustentar una democracia social plenamente evolucionada. En los países del Norte industrializado, la tarea de acumular capital e impulsar la producción fue dirigida, en el pasado, por clases capitalistas y empresariales que no vacilaban en recurrir a una brutal explotación de los trabajadores, conforme a la idea de que “hay que hornear el pan antes de poder repartirlo”. Ese sigue siendo en la actualidad el pensamiento de ciertos neoliberales económicos. En cambio, los demócratas sociales rechazamos tal esquema, no sólo por nuestra identificación con la vivencia y las aspiraciones de las mayorías populares, sino también por motivos de sobrio análisis sociopolítico. En un mundo de comunicaciones universales instantáneas, las expectativas de los pueblos se incrementan aceleradamente, y los diferimientos prolongados de las agendas sociales pueden causar conflictos incontrolables. En la política de desarrollo que nosotros proponemos, el crecimiento productivo y la mayor equidad distributiva deben ser simultáneos y no sucesivos.
Es de esencial importancia crear un sistema racional y eficiente para la canalización del excedente rentístico hacia la producción, bajo la debida supervisión del Poder Legislativo y de una Contraloría independiente y eficaz.
La creación de puestos de trabajo, como elemento esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión, debe constituir un criterio determinante para la futura estrategia de desarrollo y diversificación en el marco de una economía social de mercado. Venezuela tiene necesidad de un enorme e inmediato programa de reconstrucción y expansión de sus infraestructuras físicas, con el cual se generaría un sinnúmero de empleos. Al mismo tiempo, la construcción de viviendas, planeadas por el Estado pero ejecutadas en su mayor parte por contratistas privados, podría constituir otro poderoso factor de creación de empleo. Asimismo, el aliento y la expansión del sector de las empresas pequeñas y medianas, proveería empleo masivo. Con todo ello, a la vez que se reducirían las tensiones sociales y se combatiría eficazmente la pobreza, se fortalecería la demanda interna de bienes y servicios.

3. Energía e industrias básicas
En el marco de una Democracia Social venezolana, PDVSA quedaría en manos del Estado con la posibilidad de contratación de empresas operadoras privadas, o de propiedad mixta, para la realización de tareas específicas. En las demás industrias básicas del país –siderurgia, aluminio, energía eléctrica, telecomunicaciones y servicios básicos de transporte, se aplicarían diversas fórmulas de propiedad y control mixtos, siempre regidas por el criterio de la utilidad y el interés públicos.
La industria venezolana de los hidrocarburos será puesta al servicio de desarrollo integral y la diversificación de la economía del país. Del petróleo crudo “hacia abajo”, se pueden elaborar miles de productos de toda índole. Bajo la orientación general del Estado democrático y social, se alentará al sector privado, por licitaciones y contratos, para que participe en la labor de convertir el petróleo y el gas, de mera fuente de renta, en motores efectivos de una vigorosa y variada industrialización. Se fomentará al máximo la investigación científica y tecnológica nacional en el ámbito de los hidrocarburos.
PDVSA debe recuperar su autonomía operativa y ser despolitizada internamente, por el establecimiento de un sistema de escogencia y clasificación de su personal exclusivamente por criterios de capacidad profesional o técnica y de méritos en el trabajo. Al funcionar como corporación autónoma, con criterio eficiencia y de rentabilidad comercial al servicio de la nación, PDVSA recuperará su puesto entre las grandes corporaciones del mundo y estará presente y activa en el panorama energético internacional.
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4. Economía rural
Venezuela, como otros países se la región, entró al siglo XX con una estructura agraria todavía señorial y marcada por el latifundio. Sin embargo, desde mediados del siglo se desarrollaron áreas de agricultura y cría moderna, de tipo capitalista. La reforma agraria puesta en marcha en 1961, no obstante sus imperfecciones, puso fin al latifundio tradicional y alentó el capitalismo moderno en el campo. El campesino servil de épocas pasadas –arrendatario, aparcero, pisatario o peón- fue reemplazado por un nuevo tipo de trabajador rural asalariado.
El régimen del presidente Chávez ha efectuado una absurda marcha de retorno al pasado, al lanzar una ofensiva “anti-latifundista” con retórica del siglo XIX, propiciando la invasión y expropiación de explotaciones agropecuarias modernas y productivas, bajo el pretexto de que incluían algún lote de tierra sin cultivar. Los fundos expropiados son entregados a “cooperativas campesinas” improvisadas y generalmente poco competentes. La campaña de expropiaciones ha desencadenado una vasta descapitalización del agro y una dramática caída de la producción agropecuaria nacional. La seguridad alimentaria del país ha sido afectada gravemente. Ante el desabastecimiento interno, la dependencia venezolana de importaciones de alimentos desde otros países se ha vuelto alarmante.
En su política de desarrollo agropecuario y agroindustrial, la Democracia Social venezolana alentará y dará seguridad jurídica a la inversión privada en el campo, a la vez que apoyará las cooperativas legítimamente constituidas. Velará por la prioridad de la seguridad agroalimentaria nacional, por encima del estímulo a exportaciones. Enfocará su política social agraria principalmente hacia la implantación de condiciones laborales modernas y equitativas en el medio rural, con salarios adecuados, contratación colectiva y seguridad social.

5.- Equilibrio ambiental
Las condiciones físicas de vida en el planeta corren peligro debido al crecimiento urbano e industrial incontrolado, a la degradación de la biosfera y a la explotación irracional de los recursos vitales.
La crisis del medio ambiente se ha convertido en un grave y fundamental reto de dimensiones mundiales. Tanto en el Norte como en el Sur el equilibrio ecológico está en peligro. Cada año se exterminan especies animales y vegetales, avanzan la deforestación y la desertificación y se agrava la escasez de agua potable.
Crece la contaminación de los suelos, del agua y de la atmósfera, y hay pruebas irrefutables de la reducción de la capa de ozono, y de un preocupante cambio climático que se manifiesta en forma de “calentamiento global”.
Por lo expuesto anteriormente, Un Nuevo Tiempo impulsará la participación activa de Venezuela en los esfuerzos de la comunidad internacional para preservar la biodiversidad, asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, y actuar frente al cambio climático mediante la plena aplicación en nuestro país de las recomendaciones del Protocolo de Kyoto y otros compromisos internacionales pertinentes.

V. JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

1. Un movimiento de todos
El socialismo democrático del pasado se definía, en los países desarrollados, como movimiento de la clase trabajadora u obrera. Los demás sectores populares (campesinado y capas medias modestas) acompañarían a los trabajadores en la lucha por una nueva sociedad, pero lo harían como tropas de segunda línea, ya que la clase obrera disciplinada por el trabajo fabril y cohesionada en sindicatos parecía constituir una vanguardia natural. Esa noción “clasista” fue sustituida, en el transcurso de los últimos cincuenta años, por la del movimiento “popular” integrada por varias clases y sectores sociales con igualdad de importancia, pues las transformaciones técnicas fueron borrando o diluyendo la distinción entre las formas de trabajo manual e intelectual y entre “clase obrera” y “clase media”. Hoy en día tienden a diluirse aún más las clases tradicionales de la sociedad; las decisiones políticas se vuelven más individuales y subjetivas, y cuentan más las actitudes progresistas o reaccionarias de cada persona que la naturaleza de su trabajo o su nivel de ingreso. De allí que Un Nuevo Tiempo, como partido de la Democracia Social en Venezuela, quiere reunir a hombres y mujeres de mentalidad democrática y progresista procedentes de todas las clases sociales, aunque su compromiso ideológico lo lleva a solidarizarse prioritariamente con la causa de los sectores populares.

2. “Calidad de vida” y participación
Los demócratas sociales siempre ha afirmado que la libertad, la igualdad y la fraternidad proclamadas por la Revolución Francesa son ilusorias mientras no exista una garantía mínima de sustento material y de seguridad social para cada ciudadano, y mientras no se avance en la vía de la equidad distributiva. Mientras los marxistas ortodoxos opinaban que ese objetivo requiere la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, los demócratas sociales buscan la aproximación a la justicia distributiva en el marco de la economía mixta. Independientemente de que la forma de propiedad predominante sea pública o privada, un Estado democrático y social, apoyado por los trabajadores y la sociedad civil organizada, tiene la capacidad de implantar, por medios fiscales y legislativos, una substancial reducción de las asimetrías enormes que actualmente existen entre los ingresos personales de altos financistas por un lado, y de humildes trabajadores por el otro.
Con ello, no se busca la igualdad de las remuneraciones. Los propios pensadores clásicos del socialismo afirmaron insistentemente que los conceptos de igualdad y de justicia o equidad no son sinónimos sino a veces antagónicos. Los utópicos que pregonen el mismo nivel de salario para un profesional altamente especializado y para un obrero sin capacitación ignoran la diferencia entre la utilidad social de los aportes del uno y del otro, y de sus respectivos niveles de formación y de responsabilidad. La justicia social requiere que el primero gane más que el segundo. Sin embargo, no es éticamente admisible, ni políticamente sostenible, que la disparidad entre ingresos continúe siendo tan enorme como la que existe hoy en día entre la elite financiera transnacional y los proletarios de países subdesarrollados.
En Venezuela, la participación respectiva del capital y del trabajo en el ingreso nacional ha sido excesivamente favorable al primero de estos factores. Una futura democracia social revisará los mecanismos tributarios y la legislación laboral en aras de una mayor equidad en esta materia. Pero aún más importante debe ser el esfuerzo para superar la brecha entre los incluidos en la economía formal y los sistemas de previsión social, y los excluidos de los mismos. Los contrastes y las inequidades de nuestro medio social son multifacéticos y extremos, y abarcan diferencias económicas, sociales, culturales, étnicas y de género.
En la época comprendida entre 1958 y 1998, la democracia representativa venezolana procuraba superar la brecha entre ricos y pobres por métodos “asistencialistas”. Sin atacar a fondo las estructuras de desigualdad entre sectores privilegiados y no privilegiados, los gobiernos democráticos proveían de asistencia social a la población y de ese modo aliviaban la situación de los menos favorecidos. Hasta el año 1988, este asistencialismo tuvo un carácter “universal”, es decir, procuraba abarcar a la población entera, en tanto que en la década siguiente, signada por la adopción de medidas de austeridad, la asistencia fue reducida a una dimensión “selectivo-compensatoria”.
De 1999 en adelante, el régimen del presidente Chávez ha venido empleando un lenguaje radical y maniqueo, de enfrentamiento y hasta odio entre clases (“oligarquía” opresora y traidora vs. “pueblo” revolucionario, patriota y bolivariano). A partir de 2005 se anuncia una marcha del país hacia el “socialismo del siglo XXI” que, idealmente, debería conllevar una progresiva nivelación económica y social, con reducción de la riqueza personal por un lado y de la pobreza por el otro, hasta desembocar en una condición universal de relativa igualdad. En la práctica, sin embargo, las medidas de reforma social del régimen no han dejado de tener un carácter asistencialista, principalmente a través de las “misiones”, y no conllevan una auténtica transición hacia una “autoayuda” colectiva y un cambio de estructuras. La “participación”, hasta ahora, no es real. La prepotencia presidencial, la centralización del poder en manos del Ejecutivo, el predominante espíritu militarista y el estilo caudillista y dogmático de las movilizaciones populares constituyen obstáculos insalvables a una verdadera democracia participativa, cuyo primer requisito sería la existencia de un ambiente de pluralismo, tolerancia y respeto a la opinión ajena.
Un futuro gobierno de Democracia Social enmarcará su acción social hacia el logro de una elevación de la “calidad de vida” en dos aspectos paralelos y relacionados: a) el bienestar material basado en seguridad social y equidad distributiva, y b) la participación en la orientación y gestión del bien común. La elevación de la condición humana requiere tanto el “ser atendido” como también la libertad y el “apoderamiento” de cada persona para realizar plenamente sus potencialidades físicas, intelectuales y afectivas. Se debe buscar, pues, la combinación de una seguridad social universalizada con una libertad también universal que permita la autosuperación individual y una auténtica participación de cada quien en la toma de decisiones de la sociedad. La participación efectiva de todos los miembros de la sociedad, a la vez en el disfrute del patrimonio común y en las decisiones colectivas debe efectuarse a los más diversos niveles: nacional, regional, municipal, comunal y en las asociaciones de la sociedad civil.

3. Educación y capacitación técnica
La educación es la herramienta más efectiva para reducir los contrastes sociales. Una educación general y republicana es factor clave para la futura creación de una sociedad más libre, más igualitaria y más solidaria. El Estado tendrá la responsabilidad de orientar y coordinar el conjunto del sistema nacional de educación pública, con la cooperación de los institutos educacionales privados. Las relaciones entre los sectores estatal y privado de la educación nacional se regirán en un espíritu de permanente diálogo y consulta. Se impedirá todo adoctrinamiento oficialista de la juventud escolar y estudiantil y se defenderá la libertad de pensamiento y de cátedra a todos los niveles. Se respetará escrupulosamente el principio de la autonomía universitaria.
Las necesidades del desarrollo requieren una política nacional de estímulo a las carreras científicas y tecnológicas en los niveles de educación superior. El preocupante atraso de América Latina en comparación con países asiáticos, con respecto al dinamismo y la rapidez del desarrollo, se debe primordialmente al contraste entre nuestra escasez de científicos y técnicos superiores y la abundancia y alta calidad de los mismos en las sociedades emergentes de Asia oriental. De allí que la futura Democracia Social venezolana deba alentar y crear incentivos para los estudios en las áreas pertinentes.
Asimismo debe fortalecerse radicalmente la formación técnica media. El desarrollo intensivo de la formación técnica como alternativa al bachillerato clásico contribuirá grandemente al desarrollo del país y a la lucha contra el desempleo. Junto con ello, debe fortalecerse en alto grado la capacitación básica de trabajadores en los más diversos oficios y especialidades a través del INCE y el aprendizaje en empresas.
De manera general, el principal esfuerzo de elevación de la calidad educativa debe realizarse en el ámbito de la formación básica. El problema de la admisión a la educación superior sólo se podrá resolver en definitiva mediante mayores exigencias a nivel de educación primaria y media. Para quienes no logren acceder a la educación superior, debe abrirse un amplio espectro de carreras técnicas y administrativas útiles al país y conducentes a adecuados niveles de ingreso y de seguridad social.
La educación preescolar, tan esencial para una armoniosa integración del niño a la sociedad y para el apoyo y alivio de las familias trabajadoras, deber recibir atención esmerada por parte de un gobierno de Democracia Social, y debe quedar libre de cualquier tipo de injerencia tendenciosa.

4. Ciencia y cultura
En el ámbito de la Ciencia, se rescatarán y se reactivarán los centros e institutos de investigación actualmente abandonados, descuidados y politizados, y se aumentarán grandemente los fondos públicos destinados al desarrollo científico. La institucionalidad científica nacional debe ser fortalecida substancialmente. Como se señaló en la sección relativa a la educación, la formación de jóvenes científicos venezolanos será incentivada y apoyada sistemáticamente. Asimismo se procurará dotar a los investigadores científicos profesionales de las mejores condiciones posibles en materia de remuneración, estabilidad y reconocimiento público.
El vasto y multifacético tema de la cultura será revisado y reorientado mediante consultas y concertaciones entre el Estado democrático, los creadores de cultura y las agrupaciones culturales privadas. Un gobierno democrático social emprenderá una política cultural abierta a todas las tendencias y libre de interferencias dogmáticas. Se prestará la debida atención tanto a la creación cultural nacional como a la universal y se buscará un equilibrio entre el estímulo a la creatividad innovadora y la protección y divulgación del acervo cultural adquirido. Se mantendrán y fortalecerán las iniciativas para llevar el conocimiento y el disfrute de la cultura a todas las capas de la población y a todas las regiones del país.
5. Comunicación social
En el vital sector de las comunicaciones, creadoras de relaciones sociopolíticas, urge el tránsito a una modernidad y democratización, que superen las hegemonías y paternalismos del pasado y aseguren comunicaciones libres y plurales a cargo de emisores diversificados, con derecho de mirada del ciudadano-usuario, transparencia, y libre elección y uso de fuentes, códigos, canales y preceptores.
Un gobierno de la Democracia Social anulará la llamada Ley Resorte y toda norma reguladora de contenidos, y suprimirá las censuras, filtros y obstáculos a la comunicación y la telecomunicación que puedan haber existido. El nuevo y moderno Estado democrático renunciará al rol de emisor y sólo dispondrá de un portavoz para cada uno de sus poderes, pero reforzará su papel de regulador a través de un Consejo Nacional de la Comunicación, ampliamente representativo, que asegure al ciudadano plena libertad de expresión, calidad de programación, acceso igual a todos los actores políticos, armoniosas relaciones público-privadas, universalidad, versatilidad y adecuación de los servicios de comunicación y telecomunicación.
Las concesiones a entidades privadas, de frecuencias y demás facilidades, se otorgarán de manera transparente, democrática e incondicionada, sujetas a un pliego de obligaciones cualitativas y normas deontológicas consensúales de obligatorio cumplimiento. Serán respetados los derechos adquiridos de los operadores históricos.
Con el fin de asegurar poder vicarial de emisión a las grandes mayorías desprovistas de medios, el Estado propiciará la creación a corto plazo de una Radiotelevisión Pública Nacional, compuesta de tres programas radiales y tres televisivos, concebida como un servicio universal, versátil y regido por una autoridad independiente y pluralista, representativa del usuario y de variados sectores y corrientes de opinión, tal como funciona en algunos países europeos occidentales.

6. Salud y bienestar social
La política de un gobierno democrático social en materia de salud y seguridad social tenderá al desarrollo y mejoramiento del sector sanitario-asistencial público, junto con la cooperación de las consultas y centros sanitario-asistenciales privados. Deben discutir y resolverse en forma democrática y comprensiva los temas a veces controvertidos del costo de la asistencia privada, y de la atención debida a casos de emergencia en centros privados. Igualmente debe enfatizarse el fiel cumplimiento del servicio comunitario exigido a los profesionales de la Medicina luego de su graduación. Junto con ello, debe buscarse una concertación nacional de todos los sectores interesados sobre el tema del costo de los productos farmacéuticos patentados y el uso de medicamentos genéricos.
En lo concerniente a reformas de la seguridad social, hoy se debate en el mundo la posible privatización parcial o completa de los servicios de pensiones. El modelo chileno de privatización completa es objeto de controversia entre liberales y socialistas, y es un problema que en Venezuela debe ser debatido muy a fondo. Para los demócratas sociales es obligante la preservación del carácter fundamentalmente público y social del sistema.

7. Libertad sindical y democracia industrial
El funcionamiento de un movimiento sindical libre y vigoroso es condición indispensable para la existencia de una Democracia Social. El régimen chavista, como todas las fuerzas autoritarias y de vocación totalitaria, considera a la clase obrera organizada como su más peligroso enemigo en potencia, y trata por todos los medios de despojarla de su independencia. Desde el año 1999 en adelante, el régimen se ha esforzado por destruir a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) por sus nexos políticos con la llamada “cuarta República”, pero aunque ha logrado reducir y debilitarla, la organización sigue existiendo y luchando, debido al coraje de su base obrera y sus cuadros, además de la solidaridad del sindicalismo libre internacional. Por otra parte, la Unión Nacional de Trabajadores, organización sindical oficialista que el régimen esperaba manejar ejecutivamente, ya se le está saliendo de las manos y muchos de sus integrantes adoptan actitudes de oposición y protesta. La combatividad y solidaridad espontáneas de la clase trabajadora venezolana se muestran más fuertes que toda demagogia populista y presión desde el poder, y las distintas corrientes obreras ya están convergiendo en un nuevo y vasto movimiento de unidad. .
La Democracia social venezolana establecerá una libertad sindical auténtica y completa, junto con el respeto y el estímulo a la contratación colectiva. Al mismo tiempo se desarrollarán políticas dirigidas a dar mayor dignidad y seguridad a los trabajadores informales. Se dedicará esmerada atención a los derechos sociales de los trabajadores agrarios, tanto asalariados como campesinos.
Un gobierno demócrata social alentará el estudio y la más amplia discusión democrática acerca de los mecanismos que eventualmente se podrían adoptar para ampliar la participación de todos los sectores en la orientación del proceso productivo nacional. Paralelamente al fortalecimiento y la ampliación del sindicalismo y de la contratación colectiva, se examinaría la conveniencia y aplicabilidad de esquemas de concertación tripartita o de cogestión en algunas áreas de la economía.
Las cooperativas como nueva forma de propiedad social forman parte del recetario de la Democracia Social desde hace largo tiempo. Ciertos socialistas utópicos y algunos anarquistas concebían la sociedad futura como vasta federación de cooperativas y empresas autogestionarias. En la actualidad, los demócratas sociales del mundo y de Venezuela ven con simpatía el cooperativismo democrático y piensan que puede ser una de las instituciones impulsoras de un nuevo orden social solidario, ya que su principio guía no es el afán de lucro sino el beneficio común.
En la actual Venezuela “chavista” se observa el fenómeno peligroso de la fundación de falsas cooperativas manejadas por el Estado para justificar expropiaciones arbitrarias o para evadir el pago de prestaciones a los trabajadores. En la futura Democracia Social venezolana, se dará la bienvenida a aquellas cooperativas existentes que sean sanas y auténticas, y se dará apoyo a la ampliación del espacio cooperativista tanto en la producción de bienes y servicios como en el ámbito del consumo.
8. Las “misiones”
Las diversas “misiones” creadas por el gobierno del presidente Chávez representan intentos de iniciar o acelerar la solución de problemas vinculados a la alimentación, la salud, la educación y la capacitación laboral del pueblo venezolano. Aunque las “misiones” sirven para fines de demagogia oficialista, presentan serias fallas administrativas, y no tienen carácter transformador estructural sino sólo aportan remedios superficiales, la Democracia Social les reconoce aspectos positivos. En una futura Venezuela democrática y progresista, las “misiones” serán evaluadas, reformadas y posiblemente incorporadas a programas sociales más amplios y coherentes.
9. Igualdad de géneros
Un Nuevo Tiempo apoya la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en Venezuela y el mundo. Ahora y en el futuro respaldaremos las iniciativas legislativas, informativas, educativas y de orden administrativo que mejor sirvan para extender el principio de la igualdad a todos los aspectos de la vida pública y privada.
10.- Compromiso con la Juventud
Un NuevoTiempo se siente fundamentalmente comprometido con las nuevas generaciones venezolanas. Queremos construir una sociedad libre y justa en la cual los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida sin sentirse abrumados por la incertidumbre y por faltas de oportunidades de trabajo o de formación profesional. Con una educación democrática integral, donde en el nivel superior se respete la autonomía universitaria, con un clima de libertad, de justicia social y de equidad económica crearemos las condiciones para que los jóvenes sean protagonistas del cambio progresista en todas las esferas de la actividad del país.
Con la cooperación de los jóvenes aplicaremos una política de seguridad y prevención de la drogadicción y de la violencia, cuyas principales víctimas son los jóvenes. Igualmente impulsaremos el desarrollo deportivo en beneficio de las nuevas generaciones.

VI. POR UN MUNDO DEMOCRÁTICO

La solidaridad con todos los pueblos del mundo, particularmente con aquellos que sufren opresión y con los de nuestra propia región geográfica, así como la búsqueda de una paz estable basada en relaciones internacionales justas, son valores consubstanciados con la esencia misma de la Democracia Social. La creciente globalización o mundialización de los intercambios y comunicaciones -tanto para oprimir como para liberar- hoy en día obliga a los demócratas sociales, más que nunca antes, a proyectar su acción hacia el exterior, tendiendo la mano a pueblos hermanos para apoyarse mutuamente en la lucha por la libertad y la justicia. El éxito de esa lucha requiere, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la paz entre las naciones: la paz favorece a los movimientos de socráticos sociales, a la vez que ella misma depende de la creación de un orden internacional de creciente equidad y armonía social y política.
2. El escenario internacional actual
Luego del colapso del sistema internacional bipolar en 1989-1991 surgió un nuevo orden mundial basado en el paradigma de la globalización liberal. Este paradigma predominó durante la década de los años noventa y opacó las anteriores propuestas de corte socialista, dirigista o tercermundista.
El estallido del terrorismo a partir de 2001, junto con síntomas de conflicto social y étnico en las regiones en vías de desarrollo, demostraron que la fórmula de la globalización liberal, si bien puede dar impulsos al crecimiento macroeconómico, no es eficaz para reducir asimetrías y armonizar intereses sociales y regionales contradictorios. A escala mundial el predominio “unipolar” de los Estados Unidos de América es cuestionado por otros centros estratégicos y se vislumbra una transición hacia una mayor difusión del poder entre varios polos.
En América Latina han surgido movimientos y gobiernos que reafirman el principio de la autonomía regional, junto con el de la justicia social a través de políticas redistributivas. Desgraciadamente para la unidad regional, estas corrientes, que algunos observadores han denominado “la nueva izquierda latinoamericana”, se están dividiendo cada vez más en dos tendencias o bloques divergentes: uno que avanza por el camino de la Democracia Social, y otro que ha escogido la opción del estatismo autoritario. La corriente inspirada por ideas de Democracia Social, que tiene como uno de sus principales representantes al presidente de Brasil, presiona a favor de una mayor soberanía de Latinoamérica frente a las potencias del Norte, pero lo hace sin hostilidad, utilizando hasta donde pueda el método de la negociación. En su vida interna, los países de esa tendencia impulsan una mayor igualdad y justicia social y distributiva, sin menoscabo a la libertad de todos los ciudadanos. En cambio, el bloque autoritario adopta hacia las potencias hegemónicas una actitud vocinglera y provocadora, y suscribe alianzas estratégicas con estados extremistas y antidemocráticos, mal vistos por la mayoría de las naciones, a la vez que pregona un modelo de sociedad colectivista represiva. Al mismo tempo, sin embargo, no sigue ninguna estrategia sanamente nacionalista en lo económico, sino que, mientras agrede verbalmente al “imperio”, se vuelve cada vez más dependiente del mismo en lo comercial y lo financiero. Con esa conducta internacional, el gobernante venezolano aisla y desprestigia a nuestro país, a la vez que perturba el ambiente regional y hace más difícil la labor interna y externa de los gobiernos tendientes a la Democracia Social.
3. Una política exterior por la democracia y la paz
En contraste con los desaciertos de la actual política exterior venezolana, un futuro gobierno democrático social hará frente de manera racional y eficaz a los grandes temas de las relaciones mundiales, hemisféricas y regionales.
Tal vez la primera preocupación de Venezuela democrática deba ser la de desdogmatizar su política exterior para ponerla al servicio de su desarrollo económico y social y lograr que contribuya a convertirnos en un “país exitoso”. Con esa finalidad, debemos restablecer las buenas relaciones políticas con nuestros socios y amigos tradicionales, en el mundo, el hemisferio y la región. Rescataremos nuestra credibilidad y confiabilidad internacional, mediante el estricto cumplimiento de los compromisos legal y legítimamente adquiridos.
En este mundo globalizado e interdependiente, otra obligación prioritaria para todos los gobiernos es la de colaborar en los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar la grave crisis financiera y económica que afecta al mundo entero. En ese contexto, se debe tener clara la distinción entre la implantación de regulaciones estatales, imprescindibles para corregir los desvaríos de los mercados financieros, y la tentación de una recaída en proteccionismos nacionales, que fraccionarían la economía mundial.
De manera general, la futura Venezuela democrática y social colaborará de lleno, sin reticencias ni vacilaciones, con los esfuerzos comunes para restablecer un buen funcionamiento de los intercambios mundiales, la protección del medio ambiente y la lucha contra los diversos tipos de delincuencia transnacional organizada, así como contra el terrorismo.
En el seno de las Naciones Unidas y de la OEA, Venezuela debe participar activamente en las iniciativas a favor de la paz y el desarme, la no proliferación nuclear y la destrucción progresiva de las armas de destrucción masiva. Junto con ello, es de gran importancia la lucha contra el tráfico de armas, particularmente en nuestra propia región.
Los procesos de emancipación política, económica y social requieren un clima de paz, distensión y desarme internacional, pues en tal ambiente se relajan los mecanismos represivos y se amplía la tolerancia mutua. Los demócratas sociales apoyan la solución pacífica de los conflictos entre Estados. Respaldan el sistema de las Naciones Unidas y el principio de la diplomacia multilateral, y del mismo modo apoyan el multilateralismo dentro del sistema interamericano.
De conformidad con las mejores tradiciones de la diplomacia venezolana democrática, debemos asumir un rol relevante en la defensa y promoción del sistema democrático y del respeto a los derechos humanos en escala regional, hemisférica y mundial. Apoyaremos la tesis de la supranacionalidad de los derechos humanos y de la justicia penal para casos de lesa humanidad. En el caso de la admisión a los organismos internacionales americanos, abogaremos por la exigencia del cumplimiento de los requisitos de la Carta Democrática Interamericana.
Una Venezuela comprometida con la Democracia Social apoyará la democratización del sistema internacional en el sentido de una equilibrada difusión del poder político, económico y militar entre varios centros en lugar de su concentración en uno solo. Tal evolución debería reflejarse en el plano diplomático en la reforma y ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU.
4. Diálogo Norte-Sur y cooperación Sur-Sur
El avance del mundo hacia una mayor equidad internacional requiere la reanudación de un diálogo global entre el Norte industrializado y el Sur en vías de desarrollo. Los términos de intercambio actuales favorecen unilateralmente al Norte y tienden a incrementar las asimetrías. En materia comercial, financiera y de transferencia de tecnologías deben impulsarse nuevos acuerdos que, sin negar el principio general del libre comercio, establezcan mecanismos de compensación de asimetrías en los intercambios Norte-Sur.
Debe revigorizarse la solidaridad y la cooperación entre las naciones que integran el mundo emergente o en desarrollo. Los demócratas sociales están llamados a promover la concertación entre gobiernos y pueblos del Sur, para hablar con una sola voz en los diálogos con el Norte, así como para ejercer eventuales presiones conjuntas. Junto con ello, deben incrementarse el intercambio y la cooperación económica, técnica y cultural entre las naciones en desarrollo, a fin de disminuir su dependencia ante los centros hegemónicos. Venezuela tiene una rica experiencia en materia de solidaridad efectiva con el Sur desde la década de los años setenta, cuando lideraba importantes acciones conjuntas.
5. Geopolítica energética
En este mundo de escasos recursos energéticos, un país petrolero como Venezuela, junto a los demás de la OPEP, tiene una gran responsabilidad. El petróleo puede ser un legítimo medio de presión en manos de una OPEP que actúa con seriedad, defendiendo sus justos intereses, sin dejar de perseguir la meta de una estabilización mundial del mercado energético. En cambio, el petróleo no debería servir de arma en manos de un solo gobierno para crearse áreas de hegemonía en su entorno regional. Bajo el régimen actual, se percibe el afán hegemónico tanto en el manejo de Petrocaribe, como en la munificencia petro-financiera (demasiado costosa para el fisco venezolano) hacia países de América Central y del Sur. Los actuales beneficiarios no agradecerán a la larga una relación que los convierte en deudores y los humilla.
Por otra parte, las amenazas del gobierno de Hugo Chávez, de suspender las ventas de petróleo a nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, y de reorientarlas hacia el mercado chino, carecen de todo realismo y dejan al país en ridículo. Una suspensión del flujo petrolero venezolano hacia EE.UU. afectaría desastrosamente a nuestro país, mientras sólo causaría incomodidad pasajera a la potencia del Norte. China, a pesar de su creciente consumo energético y su interés en fortalecer su presencia en América Latina, no podría (ni intentaría) suplir en tiempo previsible al socio norteamericano.
En un gobierno democrático social, el petróleo y el gas venezolanos no serán utilizados como armas estratégicas hegemónicas ni como medios de presión diplomática. Cualquier condicionamiento político de ayuda petrolera venezolana que ofenda la dignidad de otros países, debe ser rechazado por los demócratas sociales.

6. Relaciones con Estados Unidos
Los demócratas sociales siempre han afirmado que las contradicciones más fundamentales no se plantean entre países sino entre fuerzas económicas, sociales e ideológicas que trascienden los marcos nacionales. Estados Unidos es un gran país pluralista, en cuyo seno conviven factores imperialistas con otros que son ejemplarmente democráticos. Aún en sus peores momentos, EE.UU. jamás ha sido monolíticamente imperialista, sino que en su propio seno las fuerzas democráticas combatían tales tendencias y eventualmente lograban neutralizarlas. La política de Venezuela hacia Estados Unidos debería abarcar, por una parte, la ratificación de los valores democráticos comunes, y por la otra, la existencia de diferencias que requieren, por nuestra parte, una actitud de “firmeza sin desplantes provocadores”. Asimismo ha de recordarse que Estados Unidos es, y seguirá siendo durante un tiempo imprevisible, nuestro primer socio comercial.
En lo que respecta el problema del libre comercio hemisférico, nuestra futura acción se orientará en una sentido parecido al que defiende Brasil: aceptar el concepto general, pero negociarlo en bloque (América Latina y el Caribe con una sola voz), a fin de evitar que, en negociaciones individuales con cada país por separado, la potencia industrial del Norte gane ventajas desproporcionadas y lesivas a los intereses de la parte negociadora más débil que un bloque sur- o latinoamericano negocie conjuntamente, con “una sola voz”, para lograr acuerdo sobre las bases de los intercambios entre las dos Américas.
Del mismo modo, en el plano mundial, no rechazaremos el concepto de globalización o mundialización económica y comunicacional, pero insistiremos en que dicho proceso no debe ser impuesto autoritariamente por los poderes transnacionales dominantes, sino ser producto de negociaciones y acuerdos políticos, que tomen en cuenta las necesidades humanas y la compensación de asimetrías estructurales.
7. Concertación e integración latinoamericana y caribeña
Venezuela siempre ha sido, en principio, abanderada de la cooperación, concertación e integración de América Latina, en una actitud que refleja el auténtico pensamiento del Libertador. Nuestros demócratas han considerado, por otra parte, que tal integración regional requiere la existencia de gobiernos emanados de la voluntad popular, civiles y respetuosos de los derechos y las libertades de sus ciudadanos.
A partir de 1959, Venezuela ha apoyado los esfuerzos positivos en materia de concertación de políticas comunes (Grupo de Contadora y Grupo de Río, Grupo de los Tres, Acuerdo Amazónico, Conferencia Iberoamericana) al igual que las iniciativas de integración económica regional (ALALC / ALADI, SELA, Comunidad Suramericana), y subregional (CECA, CARICOM, AEC, CAN y MERCOSUR). En nuestra condición de encrucijada geográfica entre el Caribe, el Área Andina y la Amazonía, pertenecimos a la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad Andina de Naciones y al Acuerdo de Cooperación Amazónica. Lamentablemente, por decisión personal inconsulta, el presidente Chávez ha decidido echar por la borda las ventajas geográficas de nuestro país y la noción misma del equilibrio geopolítico, y sacar a Venezuela de la CAN para volcarnos unilateralmente hacia el área de MERCOSUR.
En vista de que Colombia es nuestro segundo socio comercial y nuestro vecino más cercano y familiar, las relaciones bilaterales colombo-venezolanas y la membresía en la CAN hubieran debido seguir ocupando un puesto de alta prioridad en nuestras relaciones regionales. Sin embargo, un futuro gobierno venezolano de Democracia Social tomará todas las medidas necesarias para normalizar y refortalecer las relaciones bilaterales con el país hermano, incluida una política de no injerencia en sus problemas políticos internos y de trato diplomático correcto y discreto. Asimismo buscaremos el reingreso de Venezuela a la CAN y una activa participación en sus iniciativas multilaterales.
Mantendremos las buenas y fructíferas relaciones de cooperación e intercambio establecidas con Brasil y el área de MERCOSUR, revisando –es sí- la política chavista de desmedido e incontrolado gasto fiscal venezolano en proyectos de cooperación en el Sur. Considerando que la política exterior que mayor confianza inspira, es aquella que combina la amistad con la defensa del interés propio, buscaremos un sano equilibrio de nuestras interdependencias con los vecinos del Sureste y los de Oeste.
En el área del Macro-Caribe, Venezuela mantendrá su participación activa en la Asociación de Estados del Caribe y su nexo con CARICOM. Conversará con México sobre la eventual renovación del Acuerdo de San José, y con Colombia y México acerca de posibilidad de resucitar el Grupo de los Tres. En cuanto a Petrocaribe, parece aconsejable una revisión del esquema de común acuerdo con sus socios o beneficiarios.
Inevitablemente habrá revisiones de la relación entre Venezuela y Cuba. Los demócratas sociales rechazamos la actitud complaciente y sumisa de Chávez ante el régimen cubano y su simbología revolucionaria, y miramos con indignación la injerencia multiforme de Cuba en la vida interna de nuestro país. Asimismo repudiamos la utilización de la asistencia petrolera venezolana para refortalecer el “ala dura” del régimen castrista, en detrimento del pueblo cubano y de los elementos reformistas y disidentes deseosos de promover una transición pacífica hacia un sistema más abierto y flexible. Los demócratas sociales de Venezuela esperamos que una futura revisión de las relaciones tenga carácter de ajuste y no de ruptura, y que en todo caso no disminuya el afecto entre los dos pueblos.
8. Reconstrucción del Servicio Exterior
El régimen chavista ha destruido casi totalmente el Servicio Exterior profesionalizado y regido por criterios de antigüedad y méritos, que fue creado y formado paso a paso durante el período democrático representativo. En la actualidad, la Cancillería y el Servicio se encuentran militarizados y sometidos al arbitrio de un gobernante que designa o remueve a los funcionarios según el exclusivo criterio de su incondicionalismo político y su disposición a rendirle culto personal.
Una de las primeras y más importantes tareas de un nuevo gobierno democrático social debe ser el de reconstruir un Servicio Exterior profesional, capaz, digno y estable, que esté al servicio del Estado por encima de los cambios de gobiernos y partidos en el poder. Esa labor de reconstrucción se realizará en amplia consulta con todos los mejores expertos en la materia, tanto diplomáticos como académicos, activos y jubilados, de cualquier tendencia política o ideológica.

*- Documento aprobado en el Congreso ideológico de UNT. Caracas, 31 de julil 2009.

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sábado, 22 de agosto de 2009

Democracia Social: Bases Ideológicas del Partido Un Nuevo Tiempo (U.N.T)

jueves, 20 de agosto de 2009

Primer manifiesto electoral del Partido Socialista de Argentina

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